Una empresa que no puede continuar el pago a sus acreedores se verá sometida a un proceso judicial de liquidación.
Dicho proceso se conoce en Francia como “liquidation judiciaire” y tiene lugar cuando la empresa entra en un estado de “cessation des paiements” (cese de pagos).
El procedimiento puede afectar a cualquier tipo de empresa o trabajador independiente, al igual que la liquidación de una empresa solvente. No obstante, existe un procedimiento simplificado de una duración máxima de un año para empresas individuales sin bienes inmuebles y con una facturación inferior a 300 000 €, si bien en ciertos casos se puede aplicar también a empresas que facturen entre 300 000 € y 750 000 €.
¿Quién puede solicitarlo?
El proceso lo pueden solicitar la misma compañía, un acreedor que haya notado una falta de fondos o, como en la mayoría de casos, un juez designado para el caso.
Si se comienza a petición de la empresa, ésta debe solicitarlo dentro de un plazo de 45 días después de haber entrado en un estado de insolvencia. Una vez que el director de la empresa haya proporcionado todos los libros de contabilidad para demostrar que la compañía no puede cumplir con los pagos, un juez decidirá si el proceso de “liquidation judiciaire” se puede llevar a cabo o no.
Del mismo modo, un acreedor que se encuentre en una situación en la que haya dejado de recibir sus pagos puede solicitar la liquidación de la empresa ya que probablemente se trate de un caso de insolvencia.
Un juez también puede declarar el proceso de liquidación si el estado de insolvencia es remarcable o si detecta que la compañía ha dejado de ejercer su actividad profesional (en cuyo caso, se considera como abandono de la actividad y puede tener consecuencias legales). También puede declarar la liquidación en caso de que el director no haya decidido continuar o cesar su actividad tras el final de un proceso de “mise en sommeil”.
Exceptuando casos especiales, una vez el proceso de liquidación de una empresa insolvente haya comenzado, el ejercicio de cualquier actividad económica no está permitido. De cualquier modo, en dichos casos la duración máxima autorizada es de 3 meses con opción a renovación una vez.
¿Quiénes están involucrados?
Existen tres principales actores en el proceso de liquidación, a saber un juez designado, un liquidador y, de haberlos, una persona que se encargue de que se respeten los derechos de los empleados (recibir los sueldos y las primas que les correspondan, etc.).
El papel del juez es supervisar todo el proceso de liquidación, desde su apertura hasta la resolución final, asegurándose de que todas las partes actúen de acuerdo a la ley, así como de designar al liquidador.
El liquidador asume la dirección de la empresa durante la totalidad del proceso. Su papel, al igual que en el caso de liquidación de una empresa solvente, es el más importante ya que:
- Está al cargo de recoger todas las deudas que cualquier tercero haya contraído con la empresa antes de la apertura del proceso.
- Debe calcular las deudas que la empresa tenga con sus acreedores, empleados y los gastos derivados del proceso judicial de liquidación, ya que la compañía ha de responder por todos ellos.
- Para llevar a cabo el pago de las deudas, debe calcular el pasivo y encargarse de la venta de los activos de la empresa (inmuebles, material, etc.) con el fin de obtener todos los fondos disponibles. Sin embargo, si eso no es suficiente, está habilitado a reclamar el patrimonio personal del director de la empresa. Se trata, en efecto, de la última opción, en cuyo caso se otorga un tiempo al director para abandonar su residencia principal en caso de ser el dueño, puesto que se utilizará como medio de pago de la deuda.
En cualquier caso, es obligación del director de la empresa proporcionar toda la información necesaria sobre la contabilidad así como de las posesiones de la compañía al liquidador para que pueda llevar a cabo el proceso. No hacerlo correctamente o negarse a ello puede derivar en un caso de fraude.
Si la compañía tiene algún empleado, una persona que se asegure de que el seguro de empleo (obligatorio para todas las empresas) se debe designar para hacerse cargo de la correcta recepción por parte de todos los empleados de sus correspondientes salarios y prestaciones antes del cese de sus contratos. Esto debe efectuarse 15 días tras la ruptura o, en caso de que el juez permita un plazo para continuar con la actividad, 15 días tras la fecha límite. Los pagos a los asalariados están asegurados por el “assurance de garantie des salaires” o AGS.
Consecuencias
La empresa que se encuentre en un proceso de liquidación no puede ser perseguida de manera individual. Dicho de otra forma, cualquier vía legal para reclamar una deuda estará bloqueada porque ya hay un proceso legal abierto y es tarea del liquidador asegurarse del pago de las deudas.
Tras el comienzo del proceso, la compañía deja de percibir cualquier interés por su actividad. De ser percibido algún interés, se invertirá directamente en el pago de la deuda.
En el caso de aquellas personas a las que la compañía debe dinero, deben reclamar la deuda en un plazo máximo de dos meses tras la publicación en el BODACC de la apertura del proceso de liquidación o, en caso de tener su domicilio legal fuera de Francia, de cuatro meses como máximo.
Fin del proceso
El proceso de liquidación puede terminar de tres formas:
- La compañía tiene suficiente dinero para pagar todas las deudas.
- No es posible solicitar más pasivos de la compañía.
- En caso de insuficiencia de activos. Esta es la razón más común para terminar con una "liquidation judiciaire", y tiene lugar cuando la empresa no tiene suficiente dinero para pagar sus deudas. Las consecuencias de tener activos insuficientes son dos:
- Por un lado, los acreedores no pueden exigir compromisos individuales adicionales a la empresa a menos que esté involucrada en un caso de fraude.
- Por otro lado, si se hubiera declarado un patrimonio personal o una suma de dinero personal como fianza de la empresa, o si se hubiera nombrado a otra persona como garante, sus pertenencias personales se pueden emplear legalmente para pagar la deuda.
Además, es importante saber que la empresa se puede vender o traspasar a otro empresario que quiera retomar su actividad, o en un intento de mantener los empleos.
Si existe la posibilidad de reactivar la actividad o lograr la solvencia antes de liquidar la empresa, se puede exigir un proceso de conciliación. Estos son "redressement" o "sauvegarde d'emploi", según el objetivo. Sin embargo, es competencia del juez decidir su viabilidad y, por lo tanto, permitir que la empresa se adhiera a cualquiera de ellos.